Resolviendo el desastre de la inmigración de EEUU

Clive Crook

En un discurso la semana pasada y en una serie de otros eventos, el presidente Barack Obama reiteró su llamado a la reforma integral de un sistema de inmigración estadounidense que todos concuerdan en que está roto. Él lo llamó un “imperativo económico”. Tiene razón, quizá más de la que piensa.

Si uno se sentara a diseñar una política de inmigración para erosionar la prosperidad de EEUU, tendría problemas para llegar a algo mejor que la normativa vigente. Lo que impresiona es la coherencia del sistema -la dirección constante de tantas partes móviles con el objetivo único, al parecer, de reducir los estándares de vida de EEUU.

De hecho, la inmigración de trabajadores calificados es especialmente desalentada -quizás más que en cualquier otro país industrializado. Los trabajadores no calificados, por su parte, llegan a través de las fronteras permeables del país (que nunca se sellarán, a no ser que EEUU se vuelva una prisión al estilo de Alemania oriental). A diferencia de los trabajadores altamente educados, que aceptan ser enviados de vuelta, muchos inmigrantes no calificados se la juegan en la economía ilícita. Las estimaciones varían, pero podría haber once millones en EEUU hoy.

Al igual que los inmigrantes legales, generan ingresos y empleo, pero vivir por debajo del radar les impone costos a ellos y a la economía en general. Los contrabandistas y otros proveedores de servicios toman su parte; los esfuerzos de cumplimiento (una batalla perdida) otra. La infracción de las normas de inmigración lleva a no participar en otros sistemas - impuestos, licencias de conducir, regulación laboral y así. Los inmigrantes ilegales invierten menos en el desarrollo de sus habilidades y otros tipos de acumulación de capital. Además, viven con miedo.

Estas pérdidas, compartidas por los inmigrantes y sus vecinos, son difíciles de medir pero sin duda enormes.

¿Vale la pena pagar esas pérdidas por mantener empleos para los estadounidenses? Ese es el principio organizador de todo el lío y es el más antiguo error económico en el libro: la falacia laboral. Según esta visión, hay un número limitado de puestos de trabajo; si se permite el ingreso de inmigrantes se toman empleos de los estadounidenses. La idea es una tontería. EEUU la refuta con mayor claridad que cualquier otro país en la historia. La cantidad de puestos de trabajo no es fija. Los inmigrantes traen sus empleos con ellos. En términos generales, cada nuevo inmigrante crea un nuevo puesto de trabajo. La inmigración expande la economía.

¿Qué pasa con los salarios? Esto es más complicado. El aumento de la inmigración, en primera instancia, presiona a la baja los salarios en ocupaciones afectadas. Pero muchos factores presionan hacia el otro lado, aumentando los ingresos reales promedio para los trabajadores de EEUU.

Una mayor inmigración legal eleva la productividad de los inmigrantes, incentiva la acumulación de capital, y amplía la base tributaria. La investigación ha demostrado que los ingresos fiscales adicionales por una mayor inmigración legal supera la carga adicional de prestar servicios públicos a los inmigrantes. Los estudios que tratan de reunir todos estos factores muestran en conjunto un claro beneficio neto para los ciudadanos de EEUU.

Es cierto que no todos los trabajadores de EEUU se beneficiarían. Un aumento de la inmigración no calificada legal no ayudaría a los aseadores y jardineros estadounidenses. Pero el comercio internacional no hace que todo el mundo esté mejor, tampoco el progreso tecnológico que ahorra mano de obra.

La política de todo esto es difícil, por decir lo menos. Los defensores de la reforma integral -relajar los límites a la inmigración cualificada, ampliar el programa de trabajadores invitados, un camino hacia la legalización de los inmigrantes ilegales que ya están en EEUU- tienen que trabajar duro. La idea de “amnistía” vista como un “perdonazo” es especialmente resistida. Nadie espera un avance pronto.

Obama podría conseguir más de lo que está dispuesto a admitir por iniciativa ejecutiva, sin nuevas leyes. El gobierno tiene mucho margen en el vigor con que impone sus reglas. Incluso si el Congreso no actúa, la administración tiene opciones. Además de pedir un gran remedio, en lo que tiene razón, el presidente también debe buscar vías de liberalizar por acción ejecutiva. Es, como él dice, un imperativo económico.